Baja California | 06 de Diciembre de 2017

Vega de Lamadrid calculó que para marzo de 2018 se colocaría la primera piedra de la desaladora en Playas de Rosarito Foto Mireya Cuéllar

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Julieta Martínez

Tijuana, 6 de diciembre.- Nadie puede decirse sorprendido con la aprobación del dictamen 95 que estaba ahí para cumplir con la ley de disciplina fiscal federal y registrar ante Hacienda las garantías para la construcción de dos desaladoras, una en Rosarito y otra en San Quintín, y la red pluvial de Mexicali porque junto con las APPs (asociaciones público-privadas) se habían aprobado en diciembre de 2016, afirmó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. 

"Aquí nadie puede decir que desconocía el tema... perfectamente nosotros lo conocemos... el día primero de diciembre no se autorizaron las APPs ni las desalinadoras; eso se hizo hace casi un año ante este Congreso que tenemos ahorita, y ahí está, ustedes pueden revisar quiénes apoyaron y quiénes a su vez no lo hicieron, muchísimos diputados, muchos más de los que en esta ocasión estuvieron aquí lo hicieron", señaló. 

Al cuestionársele sobre el argumento del diputado panista Miguel Osuna Millán en el sentido de que con el proyecto actual se pagaría 18 veces más por el agua procesada y se anticiparía a la obtención de volúmenes que no se requieren en este momento, advirtió que la única instancia autorizada para hablar del tema -y fue lo que se consideró para planear la construcción-, es la Comisión Nacional del Agua. 

"Lo que se hizo no es ni siquiera algo que se planeó en el estado y menos una ocurrencia mía, lo que se hizo con mucha responsabilidad hace ya tres años trabajando de la mano con la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México... entonces la recomendación fue plantas desalinadoras con asociaciones público privadas porque no hay recurso del gobierno federal y del estado, entonces tomamos esa recomendación y nos dimos a la tarea de implementarla y es lo que hemos estado haciendo", afirmó. 

Sostuvo que "lo que sucede aquí es que se cruzan los cables y entra en la política, entra una bola de cosas y bueno, sucede lo que muchas veces vemos y se crea hasta cierta incertidumbre de la comunidad y demás" y argumentó que nadie han dicho cómo resolver el problema, y ante la mención de que el diputado Miguel Osuna Millán propuso que se hiciera por módulos insistió en que la instancia con autoridad para recomendar es la Conagua. 

"Algunos diputados no están de acuerdo en el esquema, ¿quien administra el agua en México ha dicho que estamos equivocados?, ¿quiénes son los  especialistas y los expertos en el agua en la República mexicana?, yo no trato de descalificar a nadie, pero ¿quienes son los especialistas, los técnicos que nos dicen en el estado cómo se administra el agua, las fuentes y de qué manera es la más adecuada para garantizar agua en el estado?, ¿quiénes son?, la gente que conoce, que sabe, que revisa, que estudia... no los descalifico pero esa es la propuesta que se nos puso y que nosotros la tomamos porque no veo ninguna otra en este momento", enfatizó.

En una conferencia de prensa que ofreció al término de un acto de certificación de empleados públicos estatales que se llevó a cabo en Playas de Rosarito, al que no asistió la alcaldesa de ese municipio, Mirna Rincón detalló que la planta para esa demarcación está considerada en dos etapas, una con 2.2 litros por segundo y la segunda por otro tanto igual, "aquí tenemos que correr financieramente el proyecto. La Primera etapa es la más cara porque tiene que estar en condiciones de poder recibir y tratar los 4.4 litros por segundo". 

Vega de Lamadrid calculó que para marzo de 2018 se colocaría la primera piedra de la desaladora en Playas de Rosarito y se construiría en dos años y cuyo costo a pagar en 37 años es superior a los 57 mil millones de pesos bajo el esquema de asociaciones público privadas, y que en conjunto con la planta de San Quintín y la red pluvial de Mexicali alcanzaría los 82 mil millones de pesos. 

Insistió en que la planta de Rosarito es la única opción para abastecer de agua a ese municipio y Tijuana porque la capacidad del acueducto Río Colorado -la única fuente actual- sería rebasada en tres o cuatro años y sobre la posibilidad de que se venda agua al extranjero, sostuvo que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, la federación es la única facultada para hacerlo en tanto que el estado es un cliente que distribuye el recurso.